El año 1987, con motivo de la XI Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina (COPPAL) que organizó el APRA, llegaron a Lima diversos representantes de los partidos políticos de la región. Entre los "ilustres invitados" del APRA estuvieron Roberto Cirilo Perdía y Ricardo Rodríguez Saa, cabecillas del grupo terrorista argentino "Montoneros", que asesinaron al ex presidente Eugenio Aramburú y desataron la espiral de violencia que posibilitó el ascenso de los militares al gobierno, con su triste secuela de 10.000 desaparecidos. Todos fueron invitados por el presidente García a una cena en Palacio de Gobierno, que se llevó a cabo el jueves 19 de febrero de ese año.
También asistieron los representantes del gobernante Partido Radical argentino quienes, al ver entre los invitados a Perdía y Rodríguez, abandonaron Palacio. Tras una comunicación telefónica con la Casa Rosada, los representantes del gobierno argentino hicieron maletas y salieron del país.
Roberto Cirilo Perdía (a) "Pelado", era buscado por la justicia de su país por la comisión de múltiples asesinatos. Junto con él, tenían orden de captura Mario E. Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo A. Obregón, Rodolfo Galimberti y Enrique Gorriarán. Este último ya había estado en el Perú en 1983, colaborando con Sendero Luminoso.
Al tener conocimiento de su presencia en Lima, el presidente Raúl Alfonsín instruyó a su Cancillería para que reclamara al Perú la extradición del jefe montonero Perdía, el terrorista más buscado por la justicia gaucha. El 25 de febrero, un alto funcionario de la embajada argentina en Lima dejó en Palacio de Torre Tagle el pedido formal de extradición de Roberto Cirilo Perdía. Pero el montonero había desaparecido, probablemente escondido en la casa de algún amigo aprista.
Al término del gobierno aprista la situación era la siguiente: a consecuencia de la crisis de liderazgo en la lucha contrasubversiva, se estaba generando una peligrosa desconfianza de la población sobre la capacidad del sistema para defenderse; las dos terceras partes del territorio nacional estaban bajo el régimen de excepción; la presencia del Estado se había "achicado", pues en las zonas apartadas, casi todas las autoridades habían renunciado o abandonado sus cargos y, en otros casos, habían sido cruelmente asesinadas por el terrorismo; el abandono del campo, debido a la violencia, hizo indetenible la corriente migratoria, haciendo estallar la provisión de servicios en las ciudades; un Poder Judicial pusilánime y corrupto, con una legislación para tiempos de paz, era incapaz de sancionar casos flagrantes de terrorismo y, finalmente, la desatención de su responsabilidad política, determinó que el gobierno se dedicara a "administrar la subversión", centrándose exclusivamente en la respuesta militar a un fenómeno claramente político-militar.
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