El domingo 14 de Marzo del 2004

El domingo, 14 de marzo de 2004, a las 23:00 horas, sabiéndose ganador en las Elecciones Generales, José Luis Rodriguez Zapatero anunció ante una parroquia de simpatizantes que lo vitoreaba a las puertas de la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz: “Me comprometo a iniciar un cambio tranquilo. Os aseguro que el poder no me va a cambiar”.

El PSOE ganó las elecciones del 14 de marzo de 2004 hipotecado por el compromiso de Zapatero de reformar los Estatutos de Autonomía y la Constitución. En concreto, la deuda más apremiante fue la que Zapatero contrajo, en 2003, de respaldar en las Cortes el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Pero no fue la única. El sábado 9 de abril de 2005, en una entrevista concedida a El Correo, prometió un nuevo estatuto vasco en dos años, ratificado en referéndum. Ninguna de estas reformas se encuentra entre las prioridades de los españoles. No lo estaba cuando el PSOE ganó las Elecciones, ni lo está ahora, dos años después. Sólo es una prioridad para Zapatero y sus aliados estables u ocasionales, ERC, PSC, IU, PNV y CiU. Imponiéndola a la sociedad, ésta se ha polarizado sobre cuestiones de hace treinta años, que no estaban en la agenda de España hasta el 14-M y que le han hecho perder dos años de energías y argumentos que deberían haberse aplicado en las verdaderas prioridades de los españoles: la convergencia real de su calidad de vida con la del resto de Europa, las oportunidades de empleo, el apoyo a la familia, la educación, o la seguridad frente al terrorismo, la delincuencia internacional y la inmigración ilegal.

España ha cambiado, tal y como prometió Zapatero en plena euforia electoral, aunque nadie acierta a definir en qué se está convirtiendo. Ni siquiera el presidente ha sido capaz, en estos dos años, de explicar hacia qué país está virando con sus reformas y con las que le imponen sus alidos políticos nacionalistas y de extrema izquierda.

Retirada de las tropas

Retirar por sorpresa las tropas de Irak fue el primer servicio al objetivo de revocación.

La primera decisión de José Luis Rodríguez Zapatero fue también su primer incumplimiento con los electores. El 18 de abril de 2004 anunció, por sorpresa, la retirada de las tropas españolas de Irak. Había prometido esperar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunciase sobre la liberación de Irak por una alianza de más de cincuenta países. La ONU respaldó la operación antes del 30 de junio, que era la fecha que Zapatero había fijado para decidir sobre la continuidad de España. Pero tres días después de su discurso de investidura, y uno después de tomar posesión de su cargo, el presidente ordenó el regreso de las tropas, sorprendiendo a los aliados con una decisión que los dejaba plantados en plena guerra, sin previo aviso.

El estatut

El Pacto del Tinell, o Acuerdo para un Gobierno Catalanista y de Izquierdas en la Generalitat de Catalunya –15 de diciembre de 2003– prefigura el proyecto de Zapatero para volcar el régimen político nacido del consenso de la Transición y sustituirlo por un modelo incierto de varias naciones e ideología única nacional-socialista, en el que lo único cierto es que la derecha política y sociológica será excluida del sistema.

El eurodiputado del PP, Cristóbal Montoro, estima en 6.500 millones de euros el coste que el Pacto de Medianoche, firmado por Zapatero y Mas, tendrá para el resto del Estado. Zapatero se compromete a invertir 3.000 millones de euros extras en Cataluña, de aquí a siete años. Concede a la Generalidad quedarse con el 50% del IRPF y del IVA, y con el 58% de los impuestos especiales recaudados en esta región. El 10 de septiembre de 2005, el presidente reúne a los presidentes autonómicos para comunicarles que las garantías de cohesión del sistema sanitario han sido canceladas. Si las Comunidades quieren una sanidad pública privilegiada, tendrán que subir impuestos a sus contribuyentes.

Por supuesto que ese acuerdo rompe el acuerdo unánime entre el Estado central y las autonomías, que desembocó en la ley de financiación de 2001. Será necesario que esa ley se modifique, adaptándola y corrigiendo la filosofía que la inspiraba, que era la de la igualdad entre todos los españoles, con modificaciones y modulación en atención a la población, edad, dispersión geográfica, densidad de población e insularidad.

La segunda gran decisión fue el pacto con los nacionalistas catalanes para entregar regalada Endesa a Gas Natural. En esta operación se han sucedido los disparates y han sufrido descrédito casi todas las instituciones que han intervenido. La CNMV, pero, sobre todo, la Comisión Nacional del la Energía y el propio Consejo de Ministros, que aprobó hace poco una reforma institucional sobre el mercado regulado que favorece la OPA de Gas Natural y que perjudica, con efectos retroactivos, a la alemana E.ON. Que La Caixa-Gas Natural pretendían quedarse con Endesa sin pagar un precio siquiera cercano al de mercado ha quedado de manifiesto con la evolución de la cotización, con la valoración de Endesa por parte de los más diversos analistas, con la propia OPA de E.ON y las declaraciones de los responsables de Gas Natural, que ahora dicen estar dispuestos a subir su oferta en más de un ¡40%!

Los efectos negativos de la inseguridad jurídica generada, tanto en España, para empresas nacionales y para inversores extranjeros como sobre inversores españoles en el exterior, pueden ser muy acusados. Este gobierno ha demostrado que es capaz de saltarse la ley a la torera para lograr un objetivo político, aunque en ese empeño se lleve por delante la credibilidad económica de España, lograda tras muchos años y muchos esfuerzos.

Las leyes y la Justicia

La ruptura con la organización territorial y financiera forjada en la Constitución de 1978 y en los acuerdos posteriores no ha sido la única que Zapatero ha emprendido contra el modelo de Estado en sus dos primeros años de mandato.

Las leyes que estaban en vigor, ya no sirven. El Gobierno socialista ha impulsado 77 iniciativas legislativas, en estos dos primeros años. Quince de ellas han sido Leyes Orgánicas, una de cada cinco. Durante los dos primeros años de su mandato, 1996-98, el Gobierno de José María Aznar presentó 122 proyectos de Ley, pero sólo 10 fueron Leyes Orgánicas.

La injerencia en el Poder Judicial ha sido una tentación reiteradamente rebasada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. La Fiscalía General, el cuarto poder en el escalafón del Estado, ha servido fielmente al programa profundo de Zapatero: debilitar el Estado, fortalecer a sus enemigos, acosar al PP. Algunas de las Leyes y decisiones más polémicas del Ejecutivo han sido aprobadas en contra del criterio del CGPJ y de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Defensa de la Competencia. La ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 13/2005, que regula las bodas y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la negociación con ETA o la absorción de Endesa por Gas Natural son algunas de las medidas que el Gobierno de Rodríguez ha impulsado desoyendo a otras instituciones del Estado.

La acción legisladora se ha dirigido, preferentemente, al objetivo de destruir la herencia de los ocho años de gobierno del PP. Desde las primeras decisiones, como revocar Plan Hidrológico, la Ley de Educación, la de Estabilidad Presupuestaria o la de Horarios Comerciales, la energía del Gobierno nacido del 14-M se ha canalizado a la revocación de las reformas impulsadas por el PP.

El segundo espíritu de las leyes de Zapatero ha sido satisfacer viejas cuentas de sus acreedores con el sistema constitucional. Han sido dos años de ruptura. Todo vuelve a estar en cuestión, como en 1977: la Monarquía, el modelo de Estado, la idea misma de España, … Europa y el Mundo avanzan en la dirección contraria: la integración global de Estados nacionales fuertes.

Aquí, mientras tanto, el PSOE triunfante del 14-M se ha estado empleando a fondo en reorganizar el Poder Judicial, reformar el Tribunal Constitucional, depurar la Fiscalía, perseguir a medios de comunicación críticos, acosar a afiliados y antiguos altos cargos del PP, desactivar a las víctimas del terrorismo, intervenir en el mercado libre a favor de aliados y clientela, o dividir a los españoles con reformas sectarias como la sustitución del concepto de padre y madre por el de “progenitor A” y “progenitor B”.