LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS VASCOS. (1878)
 

Desde el punto de vista bélico, el carlismo tuvo su gran oportunidad en 1873. Mientras la guerra de Cuba seguía extendiéndose, la proclamación de la República trituró los restos de la coalición revolucionaria, las desavenencias entre los propios republicanos condujeron a la sublevación cantonal y la indisciplina hizo mella en el Ejército hasta tal punto que muchos oficiales fueron destituidos por sus propios subordinados.

Semejante estado de cosas no podía durar indefinidamente. Con ayuda de los militares más conservadores, SERRANO, a comienzos de 1874, impuso una férrea dictadura como único medio para restablecer el orden tras los casi seis años de confusión que habían esterilizado dos proyectos políticos distintos: la monarquía democrática y la experiencia republicana.
Desvanecidas las posibilidades del régimen demo-liberal, la mayor parte de las fuerzas políticas que sobrevivieron a la resaca revolucionaria secundaron los planes de Antonio Cánovas del Castillo: sólo la restauración de una monarquía constitucional y borbónica podía garantizar la estabilidad.

La proclamación de Alfonso XII, en diciembre de aquel mismo año, tuvo efectos no por esperados menos sorprendentes. El restablecimiento de la disciplina se complementó con una mejor coordinación del esfuerzo bélico y las tropas carlistas, que una vez más se hicieron fuertes en el territorio VASCO-NAVARRO, se vieron desbordadas por la contraofensiva lanzada en el verano de 1875.

A los triunfos militares se añadieron los políticos. El sesgo moderado y conservador del régimen canovista atrajo a los antiguos isabelinos comprometidos con don Carlos, que cambiaron de bando.
El término de la guerra civil era cuestión de tiempo. Los liberales vascos lo sabían. Como sabían también que la cuestión foral pendía del desenlace del conflicto, pues no en vano Alfonso XII había prometido en Peralta la continuidad de los fueros a cambio del cese de hostilidades.

Sin embargo, los carlistas rechazaron cualquier tipo de negociación y decidieron jugarse el todo por el todo. Abatido y resignado por la total derrota de sus tropas, Don Carlos cruzó la frontera francesa el 28 de febrero de 1876.

Nada más terminada la contienda, Cánovas citó a los representantes de las Diputaciones vascas. El presidente del consejo de ministros estaba resuelto a introducir, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo II de la ley del 39, las modificaciones necesarias para ACOMODAR LOS FUEROS a la «unidad constitucional».
Al igual que entonces, prestigiosos liberales asumieron la defensa del país y acudieron a la reunión fijada para el día 1 de mayo.
Las posibilidades de alcanzar un acuerdo se disiparon pronto. Si la credibilidad del proyecto político canovista era incompatible con la EXENCION FISCAL y MILITAR de las provincias vascas, los representantes de las Diputaciones no estaban dispuestos a renunciar a uno de los fundamentos del régimen foral.
Tampoco en unas Cortes predispuestas en su contra, los parlamentarios vascos obtuvieron mayor apoyo. El sentido discurso de Moraza -que terminó con un emocionado «a la sombra de los fueros nacimos y a la sombra de los fueros quisiéramos morir»- pudo conmover al presidente del gobierno, pero no torció su voluntad.

Con una cómoda mayoría parlamentaria, con las garantías constitucionales suspendidas y con el País todavía ocupado por el grueso del Ejército, Cánovas comprendía que difícilmente volvería a presentarse una coyuntura tan favorable para llevar adelante sus planes. Toda resistencia estaba condenada al fracaso.

El artículo primero de la ley de 21 de julio de 1876 extendía: «Los deberes que la Constitución política ha impuesto a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley les llame, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado, a los habitantes de las Provincias de VIZCAYA, GUIPUZCOA y ALAVA, del mismo modo que a los demás de la Nación».

Pudiera pensarse que la intención de Cánovas no era tanto acabar con la autonomía administrativa de las provincias vascas cuanto asentarla sobre unos fundamentos jurídicos distintos a los que habían regulado hasta entonces su relación con el Estado.

Sin embargo, la pertinaz oposición de las autoridades forales cerró cualquier posibilidad de transacción. Es más, solicitaron conjuntamente la mediación de la Corona, aunque sin éxito.
Irritado por tan unánime y frontal rechazo, Cánovas cambió de estrategia. Cuando fracasó la vía de la persuasión, cursó órdenes estrictas a los gobernadores civiles para que intervinieran las tesorerías provinciales y activaran el alistamiento militar.

Tantas presiones dieron, al fin, su fruto. AbrumadoS por las enormes responsabilidades que teníaN ante sí, LOS DIPUTADOS GENERALES convocaron, previo consentimiento del gobernador civil, a las juntas Generales extraordinarias para explicar las normas dell gobierno central: desde la aplicación de las leyes desamortizadoras a la prohibición que pesaba sobre las Diputaciónes para usar el título de foral en sus documentos oficiales.

Sin embargo, la negociación no prospero. Cánovas no tenía ningún interés en entenderse con los vascos mientras vizcaínos y guipuzcoanos se mantuviesen hostiles.
Al sentirse burlada, la comisión varió radicalmente de actitud: en el informe presentado al pleno el 21 de noviembre se mostró contraria a cualquier transacción que recortara los derechos.
Pero ya era tarde. Los gobernadores disolvieron las juntas, que ya no volverían a reunirse más, alegando la improcedencia de la propuesta. Se acababa de clausurar una institución con más de cuatrocientos años de historia.

La «unanimidad» de la sociedad vasca en torno a las instituciones forales, que no había existido en el primer tercio de la centuria, no sólo explica la enorme frustración generada por la ley del 76. También fue la causa de la posterior concesión de un régimen particular, concertado por R.D. de 28 de febrero de 1878.
El régimen CONCERTADO, tardía reparación ideada por Cánovas para congraciarse con un pueblo que veía amenazada su identidad y violentadas sus más profundas convicciones, suponía un implícito reconocimiento de la personalidad histórica vasca. Pero esa ya es otra historia.


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