Hay dos hechos que considero preocupantes en España. Uno es que, en lugar de ir convergiendo hacia el promedio de gasto social de la Unión Europea, como ocurrió durante los años 80 y principios de los 90, España está desconvergiendo. El otro es la falta de visibilidad mediática de esta desconvergencia social, y su escasa centralidad en el debate político del país.

Ello responde, en parte, a una percepción generalizada, reproducida en los medios de información y persuasión, de que España va bien. Como muestra de ello se señala que los fondos públicos dedicados a la protección social --que incluye las pensiones y los servicios del Estado del bienestar, como son la sanidad; los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia, servicios domiciliarios y residencias de ancianos; y la vivienda social, entre otros-- han ido creciendo: de 100.824 millones de euros en 1993 a 112.666 millones en 1999, el último año en que existen datos comparables con el resto de países de la UE.

Durante este periodo, también ascendió el gasto público en protección social por habitante: de 3.012 upc (unidades de poder de compra, la unidad que se utiliza en comparaciones internacionales a fin de estandarizar el valor de compra de las monedas de los países comparados), a 3.734 upc.

Estos incrementos, del gasto en protección social y del gasto social per cápita, dan pie a esta sensación de que España va bien, de que mejora tanto económica como socialmente.
Pero en esta percepción complaciente de nuestras realidades se ignoran dos hechos que son fundamentales para evaluar nuestro Estado del bienestar. Uno es que el gasto en protección social en España continúa siendo muy inferior al promedio de la UE. Así, España gasta en protección social sólo un 19,1% del PIB, el gasto más bajo de la UE después de Irlanda. Y el promedio de la UE es del 27,8% del PIB.
Este déficit social aparece aún más dramático cuando se compara el gasto en protección social por habitante --3.734 upc-- con el promedio en la UE, que es de 5.794 upc.

Detrás de estas cifras está la realidad, invisible en el debate político de nuestro país, de que España se gasta muy poco en pensiones, escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, residencias de ancianos, vivienda social y un largo etcétera. Todos ellos, servicios y transferencias claves para determinar la calidad de vida de la ciudadanía.

Pero la situación social, ya en sí grave, es todavía peor porque, además, se está deteriorando. Es decir, la distancia de gasto social entre nosotros y Europa está aumentando, en lugar de disminuir, porque el crecimiento del gasto social per cápita en la UE está creciendo mucho más rápidamente que en España.

Así, el déficit social (la distancia en dinero gastado en protección social por habitante entre España y el promedio de la UE), que en 1993 era de 1.567 upc, pasó a ser, en 1999, de 2.378 upc. En otras palabras, el déficit social ha aumentado nada menos que en un 50%.

Está claro que el mayor crecimiento de la economía (en comparación con el promedio de la UE) no se está utilizando para corregir el déficit social con Europa, que está aumentando. El gasto en protección social ha pasado de ser un 24% del PIB en 1993 a un 19,1% en 2001, mientras que en la UE ha pasado del 28,8% a un 27,6% del PIB. Un descenso mucho menor.

En resumidas cuentas, el gasto público social, que había aumentado considerablemente durante los gobiernos socialdemócratas, reduciendo el déficit social con Europa, ha ido creciendo mucho más lentamente a partir de los años 1993 y 1994, durante los últimos años de gobierno del PSOE, bajo la dirección del ministro Solbes, que hoy dirige la austeridad social en la UE, y ha continuado descendiendo durante el Gobierno de Aznar.

Los excedentes de los ingresos públicos, resultado de un mayor crecimiento económico y de un aumento de la carga impositiva, no se han utilizado para corregir el creciente déficit social con Europa. En su lugar, tales fondos se han utilizado para alcanzar un déficit público cero, a costa de ir divergiendo socialmente con la UE.

La consecuencia es que nuestras pensiones, nuestros centros sanitarios, nuestros servicios domiciliarios, nuestras escuelas de infancia, nuestra vivienda social, y muchos otros servicios, son más y más deficientes en comparación con el promedio de la UE.


VICENÇ Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra.